jueves, 14 de febrero de 2013

Marea blanca por la sanidad, por los derechos humanos, por la salud


Primero dio argumentos Gaspar Llamazares(presentando unas Jornadas en las que participóDempeus per la Salut Pública) y poco después Joan Benach. Especialmente interesante es la difusión de este Memorandum en el que la Plataforma PROU RETALLADES, para Catalunya, declara que la igualtat, la solidaritat i l’equitat social, signes d’identitat col∙lectiva”. Una muestra de que la equidad está en fase de disolución lo dio ayer el periodista Oriol Güell en El Pais al descubrir, para Catalunya, los planes del desmantelamiento de la sanidad pública en un impresionante trabajo de investigación y denuncia del documento redactado por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) donde se incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales…
Por mi parte, en ACTUA, (Debate:2012 – coordinado por Rosa María Artal) hace ahora justamente un año denunciaba que no se trata de sólo una estafa local… la estrategia mundial de la privatización de los servicios públicos sigue las recomendaciones el FMI, el BM y la OMC. Empezó con la debilitación y fragmentación del sector público, y se fomentaron los organismos autónomos -fundaciones, consorcios- para aumentar la opacidad y escapar a controles. Tarea a la que se aplicaron, en España y Catalunya, tanto el PP como el PSC y CIU. La maniobra, ahora, puede llevar a su infeliz término, ayudada por la “externalización” de la provisión de servicios a empresas de “empresarios” compañeros de los pupitres de la corrupción, que se enriquecen con prácticas ilegales -como las de Ramon Bagó o Arturo Fernández.



Es evidente que si la sanidad no fuera un sector tan necesario como potencialmente rentable, no existiría el ansia privatizadora. Ya en el 2006 la OMS denunciaba que bajo la excusa de buscar ayuda financiera en el sector privado, se encarece todo el proceso de inversión pública e impide cualquier ahorro real. En un sentido parecido alertaba el sociólogo Frédéric Pierru, rechazando los efectos perversos de las medidas de “corresponsabilidad financiera” de la ciudadanía, el modelo de “llave en mano”, la introducción de competencia entre hospitales, o la proliferación de indicadores de ejecución.


Se podrían dar muchos más ejemplos y testimonios, pero todo se resume en que en el proceso de privatización dejan de funcionar los mecanismos de control; se imponen fórmulas empresariales ajenas y se produce una sistemática y dolorosa degradación de las condiciones de trabajo. La participación social en salud se convirtió, con demasiada frecuencia, en mera pantomima al tiempo que aumenta la capacidad determinante de las grandes empresas aseguradoras, farmacéuticas, biomédicas. Y aunque ya había precedentes en Catalunya, es preciso tener presente que fue el gobierno de José María Aznar quien se encargó de sentar las bases para la privatización de la sanidad. El instrumento legal fue la Ley 15/97, que a poco de aplicarse ya dio lugar a mala gestión demostrada, prácticas poco transparentes y despilfarro, como denuncia repetidamente el Tribunal de Cuentas.


Las líneas degenerativas son fáciles de discernir porque se acaba por crear un neo-lenguaje en el que se aceptan como propios conceptos “de mercado”: se habla de clientes (no de pacientes, ni de sus derechos ni sus necesidades), se razona en términos de coste-beneficio privado –nunca social–, sin admitir que la privatización de la salud y las desigualdades que provoca son altamente inmorales. Por ejemplo, en la Francia de Sarkozy, las desigualdades en salud se ciernen en especial sobre las personas inmigradas. En lo más duro de la crisis, se denegó el acceso al sistema público de seguridad social específico para inmigrantes no regularizados a una tercera parte de sus beneficiarios (entre 150.000 y 300.000 según las estimaciones). No tardó Ana Mato, la infausta ministra de sanidad española, en copiar el modelo. La estafa que nos presentan como crisis incrementa la marginación, rompiendo o haciendo desaparecer las redes de apoyo de las personas en situación más débil. Crea una sociedad de personas más solas, más aisladas, con menos derechos, más enfermas…. su exclusión de la sociedad entra en fragrante contradicción no sólo con los derechos humanos, sino con una aplicación racional de las políticas de salud pública.


Argumentos para la acción: La sanidad pública no es el problema, es la solución.


La crisis que comenzó en 2008 se ha convertido en la gran coartada de una estafa continuada contra la mayoría de la población, y es, de hecho, una ofensiva de la lucha de clases que está ganando una minoría privilegiada. El dinero de nuestros impuestos que debería garantizar los servicios públicos básicos es arrebatado por el capital financiero, o se invierte en proyectos contrarios a los intereses de la población, o desviado por los corruptos hacia paraísos fiscales. Se desatienden necesidades básicas mientras se pervierte y privatiza la enseñanza y la salud públicas, y se deterioran o frenan servicios sociales básicos contra la exclusión social como las rentas de inserción y las ayudas a la dependencia. Los “planes de austeridad” son un fraude y un mecanismo perverso de redistribución regresiva de la renta. El sufrimiento cotidiano de millones de familias al borde de la supervivencia son ejemplos de los estragos aterradores de esta crisis. Los determinantes sociales de la salud encienden todas las señales de alerta.


¿Quiénes son los responsables? Si se esconden en el anonimato o bajo nombres de grandes empresas los responsables económicos, los políticos deben dar la cara. Ya basta de ocultarse detrás de “los mercados”. Fueron elegidos para representar nuestros intereses, y ninguna votación masiva con juegos de mayorías relativas les excusa para cambios de fondo y sentido de sus programas, ni para ser complacientes con la corrupción, ni consentir retrocesos de civilización que cuestan sufrimientos y vidas.


¿Quién se lleva la peor parte? En todo el mundo occidental, millones de familias han perdido su hogar o están en proceso de desahucio. Los sistemas de pensiones privadas de muchos países dejan a personas mayores en la pobreza, mientras desaparecen los ahorros familiares de los países más golpeados por la estafa de la crisis. La tasa de paro ha llegado tan alto que incluso desde las altas instancias de la CEOE reniegan de su validez (Joan Rosell) mientras se incrementa día a día la precariedad en el trabajo y la vida, las pérdidas de derechos laborales, la perversa contraposición de estos con los derechos de ciudadanía, los intentos de culpabilización múltiples sobre las personas -en especial las más desprotegidas: enfermos y enfermas crónicas, personas con discapacidades.


Por ello hay que que actuar entendiendo la Salud como un derecho vital, como una categoría que va más allá de la ausencia de enfermedad. Hay que actuar para construir una sociedad más participativa, con un ejercicio más democrático de las responsabilidades políticas y un mayor control efectivo sobre las mismas.


Hay que actuar reclamando un gran debate social abierto y políticamente vinculante, con la máxima transparencia, con acceso a los datos y a los criterios de evaluación existentes para poder corregir actuales los sesgos economicistas y devolver sentido y humanidad a las políticas de salud.


Hay que actuar para no enfermar, levantando la mirada y poniéndose en pie para darnos cuenta de que no estamos solos en la voluntad de un cambio global. La salud se sitúa ahora en el epicentro de la lucha entre economía y política, entre las instrucciones del neoliberalismo y los derechos y necesidades de las personas. En tiempos de estafa social como los que vivimos, hay que prestar atención a los determinantes de salud de cada país o territorio, y actuar para conseguir una globalización solidaria y en positivo.


Hay que actuar transformando. Comprometerse a favor de la salud pública y de una sanidad mejor no es una lucha aislada: cobra sentido en una dinámica global, integrada y cada día más fuerte, en todo el planeta, por otro mundo posible.


Fuente: http://puntsdevista.wordpress.com/2013/02/12/marea-blanca-por-la-sanidadporlosderechoshumanosporlasalud/year=2013&monthnum=02&day=12&like=1&_wpnonce=7e5fb698ff&wpl_rand=418b46480a

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