Sanidad pública y desvergüenza

 por Dori
Miércoles, 17 de Abril de 2013 17:21




¿Quién defiende al paciente? ¿Quién sabe qué enfermedad tiene? ¿Quién…? Está claro que ellos, los trabajadores de la Sanidad Pública, “todos ellos”. Desde un doctor hasta un inspector, es necesario aclararlo y que se aclaren “todos los trabajadores de éste medio”, porque LA SANIDAD SE DEFIENDE LUCHA


Sanidad publica y desvergüenza

El eslogan de que “la Sanidad Pública no se vende, se defiende”, debería empezar por que todos los trabajadores ejerzan presión y denuncien lo que realmente pasa, comenzando por defender a los enfermos crónicos, no sólo con sus informes y recetas, sino exigiendo que se cumplan sus diagnósticos y tratamientos. Si esto no se tiene claro por parte de ese colectivo, la lucha en las calles será inútil.

¿Quién defiende al paciente? ¿Quién sabe qué enfermedad tiene? ¿Quién…? Está claro que ellos, los trabajadores de la Sanidad Pública, “todos ellos”. Desde un doctor hasta un inspector, es necesario aclararlo y que se aclaren “todos los trabajadores de éste medio”, porque LA SANIDAD SE DEFIENDE LUCHANDO DIARIAMENTE, no sólo por un puesto de trabajo, sino por sus pacientes, porque sin los pacientes, la Sanidad Publica SE VENDE, y con ello sus puestos de trabajo.

Si este colectivo deja actuar a la Administración, obedeciendo sus órdenes sin oponerse a las injusticias que se están cometiendo con los enfermos, actúan como cómplices de estos abusos y demostrarán claramente que sólo defienden sus puestos de trabajo (esos puestos de trabajo que tan poco importan en la Comunidad de Madrid, sobre todo, ya que la privatización y el expolio público son su único interés).

Es lo que está sucediendo en la actualidad con todos los enfermos y sobre todo con los “crónicos”, enfermos que parece ser que de repente tienen cura, como ocurre con los de Alzheimer, por poner un ejemplo.

Los inspectores de la Sanidad Pública vigilan sus recetas con muchísimo celo, hasta el extremo de que les deniegan las recetas para sus medicaciones si no presentan informes o éstos están a punto de caducar. ¿El Alzheimer tiene cura? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo ha decidido? ¿Quién…? Si este acoso criminal a los enfermos no se detiene, tampoco se pararán el expolio y la privatización de la Sanidad Pública.

Este atentado contra la salud pública demuestra claramente que nuestra salud no importa y que están dispuestos a todo para conseguir lo que parece que son sus fines: acabar con los enfermos crónicos, un objetivo vil e inhumano. Da la impresión de que, si pudieran, los meterían en cámaras de gas para exterminarlos y evitar un gasto que les priva de parte de su botín. Todo ello con la complicidad y consentimiento de este gobierno que tan bien sabe defender lo privado y criminalizar lo público.

Para el poder, los enfermos crónicos son un gasto al que hay exterminar y lo tienen muy claro, han puesto toda la maquinaria en marcha para conseguirlo. Evidentemente eso les funciona con la inestimable ayuda de todos los trabajadores de la administración, los ejecutores de sus órdenes.

Lo siguiente es preguntarse si estos trabajadores están dispuestos a defender la Sanidad Pública o solamente sus puestos de trabajo. A eso ha de responder este colectivo que está luchando con ese eslogan que todos apoyamos, “la sanidad no se vende se defiende”.

Aunque poco o nada vamos a defender si todos los trabajadores de este sector no son parte activa y participativa en la práctica de esa defensa desde sus puestos de trabajo, porque esas órdenes funcionan si se cumplen y solo hay un camino para que no sean efectivas: su incumplimiento. Sólo así es posible impedir la venta y privatización de la Sanidad Pública.

Desde un celador hasta un administrativo pueden practicar esta defensa activamente, porque los trabajadores de este medio conocen, pueden, saben, cómo boicotear este saqueo de lo público. Defender lo público, y por consiguiente lo de todos, pasa por perder el miedo y ser parte activa en un asunto que nos atañe a todos, trabajadores y enfermos; los primeros por su puesto de trabajo, los segundos por su vida.

Por último, pedir a este colectivo que en sus asambleas planteen esta lucha a todos los niveles, desde el administrativo hasta el director del centro. Todos y cada de ellos son los que pueden informar de la realidad a los pacientes, y con ello a toda la ciudadanía, para que se pueda defender masivamente lo de todos. Es decir lo público, lo que es nuestro.

http://kaosenlared.net/component/k2/item/53912-sanidad-publica-y-desverg%C3%BCenza.html

"No tardaremos mucho en ver fallecimientos de enfermos crónicos por no poder pagar sus medicinas"

MÉDICOS DEL MUNDO NO CEDE ANTE COSPEDAL


"No tardaremos mucho en ver fallecimientos de enfermos crónicos por no poder pagar sus medicinas"


VIERNES, 1 DE MARZO DE 2013
ALBERTO SOTILLOS


Médicos del Mundo mantiene su denuncia a pesar de que Dolores de Cospedal, secretaria General del PP, haya rechazado que se esté negando el acceso a la Sanidad Pública a niños y niñas inmigrantes.


Para que quede constancia, la organización ha puesto a disposición de quien lo solicite la documentación que acredita las denuncias, así como ha asegurado que los casos denunciados se pusieron en conocimiento del SESCAM el 1 de Febrero, por lo que la Junta tuvo tiempo suficiente para reaccionar.


En la nota de prensa remitida, Médicos del Mundo aboga por la restitución de la universalidad para todas las personas residentes en España sin barreras económicas ni por situación administrativa, por lo que entienden que el RDL debe derogarse por razones humanitarias, económicas y de salud pública.


Asimismo, Médicos del Mundo asegura que ellos mismos han tenido que mediar -con resultados favorables- en varias ocasiones para que pacientes inicialmente rechazados fueran atenidos, algo que en todo caso, la organización denuncia que es responsabilidad de la Consejería de Sanidad y de la gerencia del SESCAM.


Desde Diario Progresista no hemos puesto en contacto con Celia Zafra, responsable de comunicación de la organización para saber de qué forma se puede hacer frente a esta situación. Según nos relata Celia están denunciando esta situación “no solo ONG sanitarias como Médicos del Mundo, sino organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, entidades de apoyo a inmigrantes como Red Acoge, plataformas como Yo Sí Sanidad Universal, agrupaciones de asociaciones como el Observatorio Valenciano por la Salud y muchas más” De esta forma la presión es mayor y debería motivar a que, como piden, se derogue el Real Decreto.


Hemos querido saber también si España estaba viendo deteriorada su Sanidad hasta el punto de llegar a ser comparable con la de Estados Unidos, desgraciadamente reconocida por dejar a enfermos morir en la puerta de un hospital por no tener recursos y su respuesta ha sido rotunda “los casos que estamos documentando no son tanto de falta de atención en urgencias (aunque algunos hay) como de personas que después reciben facturas y órdenes de pago y eso les genera miedo a acudir a los servicios sanitarios, de modo que si vuelven a tener necesidad de ello, aguantarán hasta que su situación sea insoportable”


En todo caso nos recuerda que provoca una doble discriminación, porque asegura, “muchas personas no están acudiendo al médico por miedo a que les cobren y no puedan pagarlo, lo que aumenta el miedo a que les expulsen del país”.


El último dato que nos ofrece es alarmante; “sí hemos advertido es que no tardaremos mucho en ver fallecimientos de enfermos crónicos que se han visto abocados a pagar el 100% de su medicación, que es muy cara y que han de tomar a diario. Como la mayoría no pueden costearla, están dejando de tomarla, con el consiguiente riesgo para su salud”.


Fuente:http://www.diarioprogresista.es/notardaremosmuchoenverfallecimientos-de-enfermos-cronicos-por-no-24821.htm#.UTHuSl3o1Hk.facebook

Marea blanca por la sanidad, por los derechos humanos, por la salud

Primero dio argumentos Gaspar Llamazares(presentando unas Jornadas en las que participóDempeus per la Salut Pública) y poco después Joan Benach. Especialmente interesante es la difusión de este Memorandum en el que la Plataforma PROU RETALLADES, para Catalunya, declara que la igualtat, la solidaritat i l’equitat social, signes d’identitat col∙lectiva”. Una muestra de que la equidad está en fase de disolución lo dio ayer el periodista Oriol Güell en El Pais al descubrir, para Catalunya, los planes del desmantelamiento de la sanidad pública en un impresionante trabajo de investigación y denuncia del documento redactado por la consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) donde se incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales…
Por mi parte, en ACTUA, (Debate:2012 – coordinado por Rosa María Artal) hace ahora justamente un año denunciaba que no se trata de sólo una estafa local… la estrategia mundial de la privatización de los servicios públicos sigue las recomendaciones el FMI, el BM y la OMC. Empezó con la debilitación y fragmentación del sector público, y se fomentaron los organismos autónomos -fundaciones, consorcios- para aumentar la opacidad y escapar a controles. Tarea a la que se aplicaron, en España y Catalunya, tanto el PP como el PSC y CIU. La maniobra, ahora, puede llevar a su infeliz término, ayudada por la “externalización” de la provisión de servicios a empresas de “empresarios” compañeros de los pupitres de la corrupción, que se enriquecen con prácticas ilegales -como las de Ramon Bagó o Arturo Fernández.



Es evidente que si la sanidad no fuera un sector tan necesario como potencialmente rentable, no existiría el ansia privatizadora. Ya en el 2006 la OMS denunciaba que bajo la excusa de buscar ayuda financiera en el sector privado, se encarece todo el proceso de inversión pública e impide cualquier ahorro real. En un sentido parecido alertaba el sociólogo Frédéric Pierru, rechazando los efectos perversos de las medidas de “corresponsabilidad financiera” de la ciudadanía, el modelo de “llave en mano”, la introducción de competencia entre hospitales, o la proliferación de indicadores de ejecución.


Se podrían dar muchos más ejemplos y testimonios, pero todo se resume en que en el proceso de privatización dejan de funcionar los mecanismos de control; se imponen fórmulas empresariales ajenas y se produce una sistemática y dolorosa degradación de las condiciones de trabajo. La participación social en salud se convirtió, con demasiada frecuencia, en mera pantomima al tiempo que aumenta la capacidad determinante de las grandes empresas aseguradoras, farmacéuticas, biomédicas. Y aunque ya había precedentes en Catalunya, es preciso tener presente que fue el gobierno de José María Aznar quien se encargó de sentar las bases para la privatización de la sanidad. El instrumento legal fue la Ley 15/97, que a poco de aplicarse ya dio lugar a mala gestión demostrada, prácticas poco transparentes y despilfarro, como denuncia repetidamente el Tribunal de Cuentas.


Las líneas degenerativas son fáciles de discernir porque se acaba por crear un neo-lenguaje en el que se aceptan como propios conceptos “de mercado”: se habla de clientes (no de pacientes, ni de sus derechos ni sus necesidades), se razona en términos de coste-beneficio privado –nunca social–, sin admitir que la privatización de la salud y las desigualdades que provoca son altamente inmorales. Por ejemplo, en la Francia de Sarkozy, las desigualdades en salud se ciernen en especial sobre las personas inmigradas. En lo más duro de la crisis, se denegó el acceso al sistema público de seguridad social específico para inmigrantes no regularizados a una tercera parte de sus beneficiarios (entre 150.000 y 300.000 según las estimaciones). No tardó Ana Mato, la infausta ministra de sanidad española, en copiar el modelo. La estafa que nos presentan como crisis incrementa la marginación, rompiendo o haciendo desaparecer las redes de apoyo de las personas en situación más débil. Crea una sociedad de personas más solas, más aisladas, con menos derechos, más enfermas…. su exclusión de la sociedad entra en fragrante contradicción no sólo con los derechos humanos, sino con una aplicación racional de las políticas de salud pública.


Argumentos para la acción: La sanidad pública no es el problema, es la solución.


La crisis que comenzó en 2008 se ha convertido en la gran coartada de una estafa continuada contra la mayoría de la población, y es, de hecho, una ofensiva de la lucha de clases que está ganando una minoría privilegiada. El dinero de nuestros impuestos que debería garantizar los servicios públicos básicos es arrebatado por el capital financiero, o se invierte en proyectos contrarios a los intereses de la población, o desviado por los corruptos hacia paraísos fiscales. Se desatienden necesidades básicas mientras se pervierte y privatiza la enseñanza y la salud públicas, y se deterioran o frenan servicios sociales básicos contra la exclusión social como las rentas de inserción y las ayudas a la dependencia. Los “planes de austeridad” son un fraude y un mecanismo perverso de redistribución regresiva de la renta. El sufrimiento cotidiano de millones de familias al borde de la supervivencia son ejemplos de los estragos aterradores de esta crisis. Los determinantes sociales de la salud encienden todas las señales de alerta.


¿Quiénes son los responsables? Si se esconden en el anonimato o bajo nombres de grandes empresas los responsables económicos, los políticos deben dar la cara. Ya basta de ocultarse detrás de “los mercados”. Fueron elegidos para representar nuestros intereses, y ninguna votación masiva con juegos de mayorías relativas les excusa para cambios de fondo y sentido de sus programas, ni para ser complacientes con la corrupción, ni consentir retrocesos de civilización que cuestan sufrimientos y vidas.


¿Quién se lleva la peor parte? En todo el mundo occidental, millones de familias han perdido su hogar o están en proceso de desahucio. Los sistemas de pensiones privadas de muchos países dejan a personas mayores en la pobreza, mientras desaparecen los ahorros familiares de los países más golpeados por la estafa de la crisis. La tasa de paro ha llegado tan alto que incluso desde las altas instancias de la CEOE reniegan de su validez (Joan Rosell) mientras se incrementa día a día la precariedad en el trabajo y la vida, las pérdidas de derechos laborales, la perversa contraposición de estos con los derechos de ciudadanía, los intentos de culpabilización múltiples sobre las personas -en especial las más desprotegidas: enfermos y enfermas crónicas, personas con discapacidades.


Por ello hay que que actuar entendiendo la Salud como un derecho vital, como una categoría que va más allá de la ausencia de enfermedad. Hay que actuar para construir una sociedad más participativa, con un ejercicio más democrático de las responsabilidades políticas y un mayor control efectivo sobre las mismas.


Hay que actuar reclamando un gran debate social abierto y políticamente vinculante, con la máxima transparencia, con acceso a los datos y a los criterios de evaluación existentes para poder corregir actuales los sesgos economicistas y devolver sentido y humanidad a las políticas de salud.


Hay que actuar para no enfermar, levantando la mirada y poniéndose en pie para darnos cuenta de que no estamos solos en la voluntad de un cambio global. La salud se sitúa ahora en el epicentro de la lucha entre economía y política, entre las instrucciones del neoliberalismo y los derechos y necesidades de las personas. En tiempos de estafa social como los que vivimos, hay que prestar atención a los determinantes de salud de cada país o territorio, y actuar para conseguir una globalización solidaria y en positivo.


Hay que actuar transformando. Comprometerse a favor de la salud pública y de una sanidad mejor no es una lucha aislada: cobra sentido en una dinámica global, integrada y cada día más fuerte, en todo el planeta, por otro mundo posible.


Fuente: http://puntsdevista.wordpress.com/2013/02/12/marea-blanca-por-la-sanidadporlosderechoshumanosporlasalud/year=2013&monthnum=02&day=12&like=1&_wpnonce=7e5fb698ff&wpl_rand=418b46480a