El vertedero, que tenía que albergar 4.000 viviendas, acumula toneladas de residuos tóxicos
FERRAN BALSELLS Barcelona 27 ENE 2012 - 01:33 CET
Vertedero de Can Planas, en Cerdanyola. / MASSIMILIANO MINOCRI
El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès reclamará a la Generalitat que declare contaminado el espacio afectado por el vertedero de Can Planas, terreno que acumula 330.000 metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos. Así lo aprobó ayer por unanimidad el pleno municipal del Consistorio, gobernado por el PSC, concretando un giro insólito de los planes municipales: hace apenas un año, el Ayuntamiento pretendía construir 4.000 viviendas en la zona pero la presión de la plataforma ciudadana 'Cerdanyola sin vertederos' ha logrado que reclame ahora considerarla como área contaminada. Ello podría suspender los derechos de edificación de los terrenos y acarrear pérdidas económicas a los promotores del proyecto.
“Es lo justo para los ciudadanos”, celebró un portavoz de la plataforma. “Ha habido muchas presiones de los promotores pero construir allí es un riesgo enorme”, destacó. “Hemos recibido muchas presiones”, afirmó en este sentido el concejal del PP, Manuel Buenaño. “Estos días he estado por tirar el móvil”, señaló.
La petición municipal, que ahora deberá estimar la Agencia Catalana de Residuos, también permitirá que las empresas que se lucraron empleando la zona como vertedero asuman algún coste por la limpieza del terreno. “Es una vergüenza tener esto al lado de casa”, lamentó la concejal de ERC, Helena Solà. “El terreno no dispone de protección y los productos tóxicos siguen filtrándose al subsuelo”, precisó.
"Hemos recibido muchas presiones. He estado por tirar el móvil", destacó el concejal del PP
Los concejales del Ayuntamiento se deshicieron en aplausos para la plataforma ciudadana. Se trata, sin embargo, del mismo Consistorio que sacó adelante el proyecto para construir en esos terrenos pese a que varios estudios técnicos advertían de la peligrosidad de los residuos almacenados.
Can Planas es un depósito de 18 hectáreas de superficie y hasta 40 metros de profundidad que contiene 2,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada por residuos industriales, entre ellos cadmio, hidrocarburos y cromo. La antigua explotación de arcilla de la zona dejó un agujero cuyos dueños decidieron rentabilizar cobrando a las empresas que vertían allí todo tipo de residuos.
El suelo es venenoso e incluso tiene “riesgo de explosividad” en algunos puntos por las emanaciones de gases como el metano procedentes del medio millón de toneladas de residuos químicos peligrosos enterrados, según un estudio que la Generalitat encargó a la consultora medioambiental IDOM.
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